Sufragio y Democracia

El año 2023 se caracteriza por ser un año electoral tanto a nivel de municipios, provincias y nación argentina. En lo personal, ya hice uso de mi derecho a votar en la elección del intendente municipal y concejales, votaré este domingo en la elección de gobernador provincial y representantes de la unicameral, y un poco más adelante tendré la posibilidad de sufragar primero en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, y luego en la elección final de presidente y los cargos que se renuevan en las cámaras de representantes (diputados y senadores).

El universo de ciudadanos con posibilidad de votar lo podrá hacer al menos en las elecciones presidenciales, tanto en la primaria como la definitiva y eventualmente un ballotage, por lo que este año la agenda de votaciones es importante y decisiva respecto de los planes en el corto y mediano plazo. El derecho a emitir el sufragio reviste asimismo la condición de obligatorio, por lo que en ese aspecto la situación es cuanto menos confusa. Algunas veces la obligatoriedad es enunciada como un deber cívico, y vale la pena aclarar que no existe (al menos yo no tengo conocimiento y mi búsqueda resultó infructuosa) otra situación similar, en donde un derecho sea al mismo tiempo una imposición.

Si una persona no ejerce el derecho a votar, y dada su condición de obligatorio, esa persona en cuestión es pasible de recibir sanciones o multas, los cuales en la práctica son una letra muerta que muchas veces no se aplican. Pocas dudas caben de que, a comienzos del siglo, en un medio político en que frente a los rápidos cambios sociales se hacía imperioso impulsar la participación popular para quebrar estructuras de poder que habían dejado de ser representativas, el voto universal obligatorio fue una herramienta de la mayor eficacia, apreciada después, durante muchas décadas, como un instrumento útil para oponer a los intentos de escamotear la voluntad ciudadana y añorada cuando la posibilidad de acudir a las urnas quedó eclipsada por largos períodos.

En la actualidad, sin embargo, vista la magnitud de las cifras (el ausentismo electoral muestra, además, una tendencia histórica a crecer de 1983 a hoy) y en circunstancias diferentes, la obligatoriedad del voto merece un nuevo análisis.

En las democracias arraigadas, el voto es un derecho que va a ejercer una proporción más alta de ciudadanos cuando mayor es el grado de madurez cívica de la sociedad y en la medida en que la oferta electoral de partidos y candidatos resulta suficientemente movilizadora. En muchos casos, la relación entre los votos válidos y el padrón de votantes habilitados se aproxima notablemente a los que se obtienen bajo el mandato de una ley electoral compulsiva. En 1984, en nuestro país, un 70% del padrón votó en el plebiscito convocado para aprobar o rechazar el acuerdo de límites con Chile en el área del Beagle, a pesar de que no sólo era de participación optativa -un derecho- sino que carecía de carácter vinculante. En la revisión profunda, racional y consensuada que de la legislación política será imprescindible re-evaluar cuestiones como el financiamiento de los partidos políticos o la eliminación de las listas sábana, entre otras, no debería quedar al margen la obligatoriedad del voto que, sin dejar a cambio beneficio alguno, se opone a criterios elementales de libertad de conciencia y de respeto por las convicciones individuales.

Por otro lado, me parece oportuno no solo reconsiderar el sistema del voto universal y obligatorio sino, asimismo, evaluar la conveniencia de una migración total o parcial, hacia otras formas de gobierno no presidencialistas, pero para ello está bueno entender primero de qué estamos hablando.

Sistemas democráticos parlamentarios

Los Estados democráticos desarrollan un sistema de democracia parlamentaria en la que el papel predominante de la vida política lo desempeña la Asamblea de diputados o Parlamento, elegida por sufragio universal. Esta asamblea ejerce el poder legislativo y elige al presidente del Gobierno, que tiene el poder ejecutivo y es responsable ante ella, de tal manera que, cuando pierde el apoyo mayoritario, el gobierno se ve obligado a dimitir. El jefe del Estado puede ser un soberano hereditario (rey) o un presidente electo, pero en ambos casos sólo asume la representación oficial del Estado. Sus poderes vienen fijados por la Constitución, que varía según los diferentes Estados.

En general, el jefe del Estado es el encargado de nombrar como presidente del Gobierno al líder del partido que ha obtenido la mayoría de los votos en las elecciones a la Asamblea de diputados. La preponderancia del parlamento otorga a los partidos políticos un papel de primer orden en la vida política del país. Ellos elaboran las candidaturas a las elecciones y organizan los grupos parlamentarios entre los diputados electos de cada partido.

Sistemas democráticos presidencialistas

Estados Unidos, y Francia en menor medida, presenta un tipo de democracia también parlamentaria, pero presidencialista. En la democracia americana, el poder ejecutivo está en manos de un presidente elegido directamente por sufragio universal y que es a la vez jefe del Estado y presidente del Gobierno. Asume grandes poderes y nombra una administración formada por secretarios (ministros) que sólo son responsables ante él y que sólo él puede destituir. El poder legislativo está en manos de un Congreso con dos cámaras: la de Representantes, que cuenta con un número de delegados de cada Estado escogidos proporcionalmente entre la población, y el Senado, que cuenta con dos senadores por Estado. Los dos poderes, ejecutivo y legislativo, se necesitan mutuamente para poder gobernar y, en la práctica cotidiana, el Congreso controla la política del presidente mediante la votación anual del presupuesto. El Presidente puede vetar una ley propuesta por el Congreso, pero no tiene la facultad de disolverlo. El Congreso no puede destituir al Presidente y sólo en casos de extrema gravedad puede aplicar el procedimiento de impeachment y destituirlo. Nuestro país, Argentina estaría dentro de este grupo de países gobernados por sistemas democráticos presidencialistas.

Sistemas bipartidistas y sistemas multipartidistas

La mayoría de los sistemas democráticos europeos (Francia, España e Italia) se basan en el multipartidismo. En el espectro de partidos democráticos predominantes, podemos distinguir tres grandes familias ideológicas: los conservadores, defensores de los derechos individuales y partidarios de mantener el orden social y de reducir la intervención del Estado; los democratacristianos, confesionales de carácter conservador, pero con mayor sensibilidad por los temas de justicia social; y los socialistas, que otorgan al Estado un papel importante como redistribuidor de la riqueza a partir de la política fiscal. Este abanico puede ampliarse con los partidos comunistas, nacionalistas, ecologistas, etc., que suelen configurar importantes minorías parlamentarias. Cuando ningún partido consigue la mayoría suficiente para garantizar la elección del presidente del Gobierno, suelen realizarse alianzas, y los partidos bisagra se convierten en un elemento vital para el mantenimiento de la estabilidad del gobierno, que suele ser de coalición. La democracia americana, como en el caso británico, se configura en la práctica como un sistema bipartidista. En Gran Bretaña, los dos partidos son el Partido Conservador y el Partido Laborista, mientras que en Estados Unidos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata. En el sistema americano, los republicanos tienen un carácter más conservador y tienen el apoyo del mundo de los grandes negocios, mientras los demócratas presentan un programa de carácter más social, suelen contar con el apoyo de los sindicatos y las minorías étnicas y recogen buena parte del voto de las clases medias. A diferencia de sus homólogos británicos, los diputados americanos no están obligados a seguir ninguna disciplina de voto en el Congreso, y el presidente a menudo debe buscar el apoyo de diputados de ambos partidos. Esta relativa independencia explica el importante papel que los lobbies, grupos de presión, desarrollan en la democracia americana.

Estados Unitarios y Estados Federales

Los Estados unitarios, es decir, aquellos que tienen una organización uniforme para todo el territorio y toman las decisiones desde un único centro político, tienen una larga tradición en Europa. Algunos son muy centralistas, como es el caso de Francia, donde los Departamentos y los Municipios tienen pocas atribuciones y se gobierna todo el Estado desde París. Otros, en las últimas décadas, han optado por una organización descentralizada en la que se reconoce la autonomía de algunas nacionalidades o regiones y se les reconoce una cierta capacidad de autogobierno, a la vez que las grandes ciudades han conseguido importantes competencias políticas. Es el caso de Bélgica, de Gran Bretaña y también de la España de las Autonomías, creada por la Constitución de 1978, que dota a las regiones una amplia capacidad legislativa.

El modelo de Estado federal parte del reconocimiento de la personalidad de los diversos Estados que lo integran, y cada uno de ellos goza del derecho a legislar y a tener sus propias instituciones políticas. El poder y las responsabilidades políticas quedan, pues, repartidos entre los diversos Estados y el poder federal. Este último suele ocuparse de los asuntos referentes a política internacional, economía, defensa y seguridad. Es el caso de Estados Unidos, donde los 50 estados que integran la Unión tienen muchas atribuciones; y en Europa tenemos el ejemplo de Alemania, configurada por diversos Lander, aunque con menores poderes. Suiza presenta una estructura confederal, con un poder central muy débil que se reduce a la coordinación de los diversos cantones, que son casi soberanos.

Sistemas de escrutinio electoral

Los sistemas de escrutinio electoral vienen determinados por las respectivas leyes electorales. El modelo de distrito unipersonal, que se utiliza, por ejemplo, en Gran Bretaña y EE UU, es el más simple. El escaño de diputado en cada circunscripción lo obtiene el candidato que ha obtenido la mayoría relativa de votos en aquel distrito. Este sistema favorece, sin duda, el bipartidismo, ya que son los dos grandes partidos mayoritarios los que consiguen obtener las mayorías relativas. El escrutinio proporcional es el más extendido y permite que los partidos minoritarios tengan presencia en el Parlamento. Los electores escogen entre las diversas candidaturas y cada una obtiene un número de escaños proporcionales al número de votos obtenido. Pero, para poder garantizar la obtención de mayorías parlamentarias, muchas leyes electorales han introducido modificaciones que benefician numéricamente a los partidos mayoritarios. Los sistemas políticos republicanos en que para la elección del presidente de la República se presentan modelos de electorales variados. En Francia, los ciudadanos votan directamente a los diversos candidatos. En Estados Unidos, los electores de cada Estado eligen a sus compromisarios, que son los encargados de la elección del presidente (sufragio indirecto). Además, existe la tradición de que cada partido celebre unas elecciones primarias para designar al candidato presidencial. Finalmente, en otros Estados, como Alemania e Italia, el presidente de la República no es votado directamente por los electores, sino por el conjunto de diputados y senadores.

El poder judicial tiene en cada uno de estos sistemas de gobierno que hemos descripto, una función primordial que es la de garantizar el equilibrio de poderes, mientras que al mismo tiempo se constituye en el garante tanto de las libertades y derechos individuales, como de los derechos sociales y el cumplimiento de las obligaciones personales y de las sociedades.

Una vez descriptas las distintas maneras y formas de gobierno democráticos que existen en el mundo, está bueno abrir el debate si los sistemas imperantes necesitan ser revisados, modificados o allanados a los nuevos tiempos, tarea que demandará tiempo y representatividad de todos los actores que conforman nuestra sociedad.

Problemas comunes del sistema democrático

Estuve indagando en varios artículos que hacen referencia a los pormenores de la vida en democracia dentro de varios países del mundo. En ellos es posible extraer que las principales cuestiones a resolver se pueden dividir en tres grandes capítulos:

Un primer grupo de problemas se relaciona con el papel de los ciudadanos en la democracia, progresivamente identificado o reducido a la simple práctica electoral. Además, cabe destacar el aumento del abstencionismo electoral, ya que se constata que el número de personas que participa en las elecciones tiende a disminuir (en Estados Unidos, por ejemplo, normalmente vota menos de la mitad del electorado). Este fenómeno va unido a un cierto desprestigio de los partidos políticos, a los que se acusa de estar controlados por una minoría que impone sus criterios, de falta de debate interno y de excesivos casos de corrupción económica. La rígida disciplina de voto de la mayoría de los partidos ha hecho decaer la vida parlamentaria y los debates han perdido parte de su función y de su interés, ya que el voto puede preverse anticipadamente y al margen de las discusiones parlamentarias.

En un segundo grupo aparece el elevado coste de las campañas electorales aleja de la pugna política a los partidos que no tienen medios económicos para financiarlas y deja a los más fuertes en manos de quienes les han concedido apoyo económico. La necesidad de fondos que los militantes no pueden aportar ha contribuido a utilizar métodos de financiación irregular, y bastantes veces ha desembocado en casos de corrupción, con la consiguiente merma de confianza del electorado en la transparencia de las finanzas de los partidos políticos. También ha perjudicado la salud de la democracia el protagonismo de los medios de comunicación, ya que son los que canalizan y construyen buena parte de la opinión pública. La guerra de estos medios por la audiencia ha convertido la legítima oposición política en un «espectáculo» de la política, que otorga un gran poder mediático a las grandes cadenas televisivas o radiofónicas y a la prensa. Un segundo orden de problemas tiene un cariz más económico y social. Algunos analistas consideran que existe una contradicción de fondo entre los principios igualitarios de la democracia y la lógica del sistema capitalista. Denuncian la oposición entre las ambiciones económicas del mundo empresarial, con beneficios astronómicos, y las expectativas democráticas de los ciudadanos, que exigen no solo libertades políticas, sino también la consolidación del Estado del Bienestar garantizado por la redistribución de la riqueza a partir de un sistema fiscal progresivo.

Finalmente, un tercer grupo de problemas se fundamenta en la constatación de que los derechos democráticos no benefician de la misma manera a todo el conjunto de la población. Cada vez son más numerosas las voces que reclaman la regulación de unos derechos específicos para determinados colectivos, como las minorías nacionales en el interior de los Estados, las poblaciones indígenas dentro de las naciones antiguamente colonizadas o los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo. Los movimientos a favor de la multiculturalidad y de la igualdad de derechos entre los habitantes de un mismo Estado denuncian la falta de neutralidad cultural de las democracias, que en nombre de los valores de la mayoría (religión, lengua, cultura, etc.) margina en la práctica a todos aquellos que no los comparten.

En un año electoral me parece relevante traer a colación estos temas que pertenecen a nuestro sistema democrático y que por lo tanto requieren nuestro compromiso y participación, pero que por momentos parecen estar dormidos o desprovistos de toda mirada crítica.

Al menos el proceso de evaluación de cambios tanto en la obligatoriedad del voto, como en la estructura del sistema democrático, dando participación a la sociedad y todos sus actores en su conjunto, para derivar quizás en una nueva forma de gobierno, implicará una nueva energía puesta, lo que creo en lo personal puede redundar en beneficios para las nuevas generaciones y modelos de convivencia.